Se llama torpeza judicial...

La incompetencia judicial, por sus repercusiones, resulta doblemente grave. Lamentablemente, en este país de países no son pocos los jueces y fiscales que se distinguen por su insolvencia y por la pésima instrucción de sus autos, lo que provoca que muchos de sus escritos acusatorios naufraguen cuando la finura aprieta.

El magistrado del Supremo, Pablo Llarena, es uno de estos personajes incapaces. Tras fracasar en su primera demanda de extradición de Carles Puigdemont, basada en el gravísimo delito de rebelión, a todas luces desmedido, rebaja ahora sus pretensiones y pide a Alemania que entregue al ex presidente catalán fugado por un delito de sedición.

Si fracasa de nuevo, como todo parece indicar ¿cuál será su próximo paso? ¿descenderá otro peldaño en su línea inculpatoria?. Tampoco ha podido probar Llarena que exista delito de malversación de fondos en el caso de Puigdemont como organizador del polémico referéndum independentista celebrado en Cataluña, asunto que también sirvió a la judicatura alemana para reclamarle por segunda ocasión que fuera más riguroso en su exposición de los hechos. Todo un espectáculo internacional el que está dando el juez español.