La justicia española sale escaldada
La decisión del tribunal alemán de Schleswig-Holstein de dejar en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont y eximirle del delito de rebelión que le imputa la justicia española, sugiere que algunos de los argumentos políticos y judiciales para la persecución de los independentistas catalanes son tan endebles como desproporcionados.
El juez alemán no ha apreciado signos de violencia en el proceso soberanista, condición indispensable para que curse el delito de rebelión por el que Puigdemont está procesado en España; sólo estudiará pues su extradición por una infracción menos trascendental, como es el desvío de fondos, lo que contraría los planes del Gobierno de Mariano Rajoy que buscaba su entrega incondicional para juzgarlo con todo el rigor del caso.
La sentencia supone también un varapalo para el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que construyó un relato con valoraciones sobre la naturaleza violenta del proceso separatista que el tribunal alemán sencillamente no detecta, por lo que considera inadmisibles los malabares del magistrado español para solicitar la pena máxima.
El núcleo duro del independentismo se situó fuera de la ley; eso es innegable y tendrá que rendir cuentas por ello. Pero su actuación está repleta de atenuantes, derivados sobre todo del inmovilismo del Gobierno central, y no de agravantes como quieren hacer ver los sectores más reaccionarios de este país.
Pretender que se juzgue a los políticos independentistas por un delito tan capital como el de rebelión, que en su versión más fiera puede ser castigado hasta con 30 años de cárcel, es un empeño que sólo cabe en una cabeza autoritaria.
La prisión preventiva y las abultadas condenas que se demandan son gestos excesivos, que sólo pueden contribuir a calentar todavía más los ánimos en Cataluña.
Por lo pronto, Alemania ha rebajado los humos a las autoridades españolas al corregir en lo sustancial un auto judicial que pareciera responder a un afán más punitivo que justiciero.
El fallo del tribunal de Schleswig-Holstein tendrá consecuencias también en la causa general por rebelión que se sigue en España contra la cúpula del independentismo catalán. No en balde, la instrucción del caso está sobrecargada de ideología y obcecación.
El juez alemán no ha apreciado signos de violencia en el proceso soberanista, condición indispensable para que curse el delito de rebelión por el que Puigdemont está procesado en España; sólo estudiará pues su extradición por una infracción menos trascendental, como es el desvío de fondos, lo que contraría los planes del Gobierno de Mariano Rajoy que buscaba su entrega incondicional para juzgarlo con todo el rigor del caso.
La sentencia supone también un varapalo para el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que construyó un relato con valoraciones sobre la naturaleza violenta del proceso separatista que el tribunal alemán sencillamente no detecta, por lo que considera inadmisibles los malabares del magistrado español para solicitar la pena máxima.
El núcleo duro del independentismo se situó fuera de la ley; eso es innegable y tendrá que rendir cuentas por ello. Pero su actuación está repleta de atenuantes, derivados sobre todo del inmovilismo del Gobierno central, y no de agravantes como quieren hacer ver los sectores más reaccionarios de este país.
Pretender que se juzgue a los políticos independentistas por un delito tan capital como el de rebelión, que en su versión más fiera puede ser castigado hasta con 30 años de cárcel, es un empeño que sólo cabe en una cabeza autoritaria.
La prisión preventiva y las abultadas condenas que se demandan son gestos excesivos, que sólo pueden contribuir a calentar todavía más los ánimos en Cataluña.
Por lo pronto, Alemania ha rebajado los humos a las autoridades españolas al corregir en lo sustancial un auto judicial que pareciera responder a un afán más punitivo que justiciero.
El fallo del tribunal de Schleswig-Holstein tendrá consecuencias también en la causa general por rebelión que se sigue en España contra la cúpula del independentismo catalán. No en balde, la instrucción del caso está sobrecargada de ideología y obcecación.
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