España enfila hacia el autoritarismo
España ha entrado en una deriva autoritaria que está minando las libertades ciudadanas y que pone sobre el tapete las carencias de una democracia que nunca acabó de cuajar del todo.
Las condenas de prisión a artistas y tuiteros por delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo, la mano de hierro con la que se está manejando la crisis en Cataluña, las desorbitadas peticiones de los fiscales para castigar la desobediencia civil y las extremas medidas cautelares de los jueces para atajar el proceso independentista o acallar voces incómodas, son claros reflejos del deterioro general que se está produciendo en España como consecuencia sobre todo del impulso punitivo que ha caracterizado históricamente a los sectores más reaccionarios de este país, que son muchos y variopintos.
A las medidas coercitivas impulsadas desde estamentos políticos y judiciales anclados en un conservadurismo excluyente, se suma la cruzada de importantes medios de comunicación entregados a una rancia defensa de las instituciones garantes del orden público, que lucen más blindadas que nunca.
Es evidente que la transición no fue tan modélica como se ha venido pregonando desde el poder y que están surgiendo de nuevo algunos de los síntomas del empobrecimiento social que ha acompañado la historia de este país de países desde hace al menos 500 años y que tiene una de sus causas más manifiestas en la arrogancia de las clases pudientes, tan afectas al señoritismo.
La derecha española y sus terminales tienen una responsabilidad mayúscula en el desaguisado que se avizora una vez más. La transición de una dictadura a una democracia no puede descansar nunca en la impunidad de los opresores, que es lo que sucedió en España con la promulgación de la amnistía de 1977, equivalente a una ley de punto final, que benefició a los represores del antiguo régimen eximiéndolos de cualquier responsabilidad criminal.
Los aparatos del Estado franquista aguantaron impolutos tras la llegada de la última etapa democrática perpetuando una cultura autoritaria que de algún modo sigue presente en la política y en amplios sectores de la sociedad, pero también en las cúpulas judicial, policial y militar, por lo que sus integrantes hacen gala a menudo de maneras retrógradas impropias de una democracia moderna.
Las condenas de prisión a artistas y tuiteros por delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo, la mano de hierro con la que se está manejando la crisis en Cataluña, las desorbitadas peticiones de los fiscales para castigar la desobediencia civil y las extremas medidas cautelares de los jueces para atajar el proceso independentista o acallar voces incómodas, son claros reflejos del deterioro general que se está produciendo en España como consecuencia sobre todo del impulso punitivo que ha caracterizado históricamente a los sectores más reaccionarios de este país, que son muchos y variopintos.
A las medidas coercitivas impulsadas desde estamentos políticos y judiciales anclados en un conservadurismo excluyente, se suma la cruzada de importantes medios de comunicación entregados a una rancia defensa de las instituciones garantes del orden público, que lucen más blindadas que nunca.
Es evidente que la transición no fue tan modélica como se ha venido pregonando desde el poder y que están surgiendo de nuevo algunos de los síntomas del empobrecimiento social que ha acompañado la historia de este país de países desde hace al menos 500 años y que tiene una de sus causas más manifiestas en la arrogancia de las clases pudientes, tan afectas al señoritismo.
La derecha española y sus terminales tienen una responsabilidad mayúscula en el desaguisado que se avizora una vez más. La transición de una dictadura a una democracia no puede descansar nunca en la impunidad de los opresores, que es lo que sucedió en España con la promulgación de la amnistía de 1977, equivalente a una ley de punto final, que benefició a los represores del antiguo régimen eximiéndolos de cualquier responsabilidad criminal.
Los aparatos del Estado franquista aguantaron impolutos tras la llegada de la última etapa democrática perpetuando una cultura autoritaria que de algún modo sigue presente en la política y en amplios sectores de la sociedad, pero también en las cúpulas judicial, policial y militar, por lo que sus integrantes hacen gala a menudo de maneras retrógradas impropias de una democracia moderna.
Comentarios