Prosiguen los mazazos a la libertad de expresión
El castigo de la justicia española al supuesto enaltecimiento del terrorismo o la humillación a las víctimas en las llamadas redes sociales, está siendo a todas luces desproporcionado hasta el extremo de sancionar con penas de prisión mensajes de twitter escritos en clave de humor negro y que podrán acaso faltar al decoro o ser improcedentes, de mal gusto, pero que en ningún caso deberían considerarse como delitos de cárcel o merecedores de inhabilitación.
La reforma al artículo 578 del Código Penal impulsada por el muy derechista Partido Popular (PP) para endurecer las penas relacionadas con la apología del terrorismo y el descrédito de las víctimas, es una muestra más del retroceso que las libertades han sufrido en España como consecuencia de los correctivos de la formación gobernante que impone su peor estilo cuando está en el poder y que respinga ante cualquier lectura del pasado y el presente que no sea la suya.
“Nuestro ordenamiento jurídico ya contaba con instrumentos suficientes para perseguir la injuria, la amenaza o la calumnia, no siendo necesario establecer tipos delictivos adicionales. El hecho de que una persona pueda proferir comentarios desagradables en la red no requiere una regulación distinta; lo que no es delito en la calle, no es delito en twitter", subraya el partido Unidos Podemos que ha pedido la supresión del código penal de la normativa reformada por el PP.
El artículo ideado expresamente por la derecha para aplacar a los revoltosos de izquierdas, provoca que raperos y titiriteros, junto a otros internautas, estén siendo continuamente criminalizados y algunos de ellos condenados a sentencias claramente desmedidas por sus letras, actuaciones o comentarios en tono jocoso sobre la violencia y sus secuelas, lo que resulta mucho más irritante en un país donde la mayoría de los delitos de cuello blanco vinculados a la corrupción o la evasión fiscal quedan sin castigo o son reprobados de manera insuficiente.
Es evidente que los chascarrillos que se facturan en las redes sociales, por macabros, ofensivos o groseros que puedan ser, no son actos terroristas ni ameritan sentencias tan disparatadas como las que se están produciendo en España, donde los límites a la libertad de expresión se han ido acotando en los últimos años del gobierno de Mariano Rajoy, poniendo de relieve una vez más la precariedad del sistema democrático español y el pensamiento francamente retrógrado de la derecha ibérica. Que nunca ha cesado.
La reforma al artículo 578 del Código Penal impulsada por el muy derechista Partido Popular (PP) para endurecer las penas relacionadas con la apología del terrorismo y el descrédito de las víctimas, es una muestra más del retroceso que las libertades han sufrido en España como consecuencia de los correctivos de la formación gobernante que impone su peor estilo cuando está en el poder y que respinga ante cualquier lectura del pasado y el presente que no sea la suya.
“Nuestro ordenamiento jurídico ya contaba con instrumentos suficientes para perseguir la injuria, la amenaza o la calumnia, no siendo necesario establecer tipos delictivos adicionales. El hecho de que una persona pueda proferir comentarios desagradables en la red no requiere una regulación distinta; lo que no es delito en la calle, no es delito en twitter", subraya el partido Unidos Podemos que ha pedido la supresión del código penal de la normativa reformada por el PP.
El artículo ideado expresamente por la derecha para aplacar a los revoltosos de izquierdas, provoca que raperos y titiriteros, junto a otros internautas, estén siendo continuamente criminalizados y algunos de ellos condenados a sentencias claramente desmedidas por sus letras, actuaciones o comentarios en tono jocoso sobre la violencia y sus secuelas, lo que resulta mucho más irritante en un país donde la mayoría de los delitos de cuello blanco vinculados a la corrupción o la evasión fiscal quedan sin castigo o son reprobados de manera insuficiente.
Es evidente que los chascarrillos que se facturan en las redes sociales, por macabros, ofensivos o groseros que puedan ser, no son actos terroristas ni ameritan sentencias tan disparatadas como las que se están produciendo en España, donde los límites a la libertad de expresión se han ido acotando en los últimos años del gobierno de Mariano Rajoy, poniendo de relieve una vez más la precariedad del sistema democrático español y el pensamiento francamente retrógrado de la derecha ibérica. Que nunca ha cesado.
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