¿Estado de derecho?
Resulta risible escuchar el estribillo de la mayoría de los políticos y medios de comunicación a propósito de la sentencia del caso Nóos, por la que se absuelve a la Infanta Cristina y se condena a Iñaki Urdangarin a algo más de seis años de cárcel, dos menos de los que le han caído a su socio, Diego Torres, en parecidas circunstancias delictivas.
“Se impone el Estado de derecho”, “el fallo demuestra que la justicia es igual para todos” o “los tribunales españoles funcionan”, son algunos de los titulares emitidos a cuenta de una sentencia que sólo cabe calificar de vergonzosa, por ser un perfecto agravio comparativo.
La condena de Urdangarin, que tiene en su haber delitos tan graves como la malversación de fondos, la falsedad de documentos, la prevaricación o el fraude a Hacienda, apenas es la tercera parte de la solicitada por la fiscalía, por lo que se puede decir que el cuñado del rey ha salido más que bien librado de los tribunales. Veremos ahora cuánto tiempo real pasa entre rejas el exduque de Palma, para el que se inventarán sin duda toda clase de beneficios penitenciarios.
La Infanta Cristina ha sido exonerada por la justicia a pesar de los indicios que existían sobre su cooperación necesaria en dos delitos contra la Hacienda pública. Las tres jueces que integraban el tribunal desestimaron las pruebas y decidieron que la hija menor de Juan Carlos es una mujer florero, permanentemente ausente, que ignoraba que su marido estuviera delinquiendo a cada rato.
La vocación criminal de Urdangarin no surge de la carencia de recursos, ni del revanchismo social; tampoco de la enajenación o del arrebato. Planeó sus delitos desde la opulencia, con meticulosidad, mediante una trama de empresas fantasmas creadas en paraísos fiscales con el único propósito de distraer fondos y evadir al fisco. Su vehículo no podía ser otro que Nóos, una institución sin ánimo de lucro que Urdangarin presidió y a través de la cual gestionó sus fechorías.
Por todo ello, el fallo es tan inmoral como indignante, porque pone en evidencia que la justicia española carga con severidad contra los deslices de cualquier plebeyo, pero se vuelve más que servil cuando se trata de juzgar a la nobleza.
“Se impone el Estado de derecho”, “el fallo demuestra que la justicia es igual para todos” o “los tribunales españoles funcionan”, son algunos de los titulares emitidos a cuenta de una sentencia que sólo cabe calificar de vergonzosa, por ser un perfecto agravio comparativo.
La condena de Urdangarin, que tiene en su haber delitos tan graves como la malversación de fondos, la falsedad de documentos, la prevaricación o el fraude a Hacienda, apenas es la tercera parte de la solicitada por la fiscalía, por lo que se puede decir que el cuñado del rey ha salido más que bien librado de los tribunales. Veremos ahora cuánto tiempo real pasa entre rejas el exduque de Palma, para el que se inventarán sin duda toda clase de beneficios penitenciarios.
La Infanta Cristina ha sido exonerada por la justicia a pesar de los indicios que existían sobre su cooperación necesaria en dos delitos contra la Hacienda pública. Las tres jueces que integraban el tribunal desestimaron las pruebas y decidieron que la hija menor de Juan Carlos es una mujer florero, permanentemente ausente, que ignoraba que su marido estuviera delinquiendo a cada rato.
La vocación criminal de Urdangarin no surge de la carencia de recursos, ni del revanchismo social; tampoco de la enajenación o del arrebato. Planeó sus delitos desde la opulencia, con meticulosidad, mediante una trama de empresas fantasmas creadas en paraísos fiscales con el único propósito de distraer fondos y evadir al fisco. Su vehículo no podía ser otro que Nóos, una institución sin ánimo de lucro que Urdangarin presidió y a través de la cual gestionó sus fechorías.
Por todo ello, el fallo es tan inmoral como indignante, porque pone en evidencia que la justicia española carga con severidad contra los deslices de cualquier plebeyo, pero se vuelve más que servil cuando se trata de juzgar a la nobleza.
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