¡Duele Colombia!
En Colombia se impusieron las tesis guerreristas, facturadas a bombo y platillo por el ex presidente Álvaro Uribe cuyo ideario linda con el de la extrema derecha, sobre todo desde que finalizó su mandato. Probablemente el acuerdo de paz no era el único posible; pero sí era el mejor posible en un país donde la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano mantienen una guerra civil desde mediados del siglo pasado y en la que no hay vencedores ni vencidos.
Unos y otros han tenido que ceder en lo sustancial para que la negociación no se entrampara, como sucedió tantas veces en el pasado. Y en esas circunstancias de frágil equilibrio, resulta difícil contentar a todas las partes. Así, el gobierno colombiano ha tenido que ser generoso en términos de amnistía, privilegiando la reinserción social de los insurgentes, mientras las FARC han tenido que renunciar a sus arsenales y a los territorios que permanecían bajo su control.
Era evidente que la guerrilla tenía que exigir al Estado colombiano un salvoconducto que garantizara la integridad física y jurídica de sus miembros tras el abandono de las armas, a la vista de lo sucedido en los años ochenta y posteriores en los que se produjo el asesinato masivo de militantes y líderes de la izquierdista Unión Patriótica que habían desistido de promover la violencia para batallar exclusivamente en la política, como consecuencia del acuerdo de desmovilización guerrillera alcanzado con el gobierno de Belisario Betancur.
El presidente Juan Manuel Santos, hombre de Uribe que acabó renegando de su mentor, ha perdido la batalla del referendo por la mínima, ya que los noes al acuerdo de paz con la guerrilla ganaron por apenas cinco décimas a los votos afirmativos, con una significativa abstención del 63 por ciento. Pero los resultados de un plebiscito no admiten medias tintas: o se triunfa o se fracasa.
“En menos de una semana, Santos ha pasado de héroe a villano. El acuerdo de paz deberá ahora ser renegociado, el país convierte la euforia en perplejidad, el Ejecutivo sale muy debilitado y la iniciativa política queda en manos del opositor Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre el 2002 y el 2010, opuesto a las concesiones hechas a las FARC, a quienes con tanto ahínco, fondos y dedicación combatió en sus dos mandatos presidenciales”, subraya un editorial de La Vanguardia.
Coyuntura complicada porque el revés obliga a las FARC a ceder todavía más bazas si quiere que un futuro pacto con el gobierno pase airoso el Rubicón de las urnas y reduzca el potencial de los sectores más conservadores y ultraderechistas del país que han hecho de la guerra su gran negocio ideológico y que denunciaron que el acuerdo de paz garantizaba la impunidad de los rebeldes, sin entrar en las causas objetivas que originaron en su día el levantamiento armado contra la opresión caciquil, la injusticia y la desigualdad social; tampoco mencionan los negacionistas los abusos del Estado y del ejército durante las últimas décadas, ni el arropamiento de los grupos paramilitares por altas instancias de los poderes constituidos.
Es significativo que las zonas más castigadas por la guerra civil hayan respaldado el armisticio, mientras que las áreas urbanas y los territorios menos conflictivos se decantaban por continuar con la guerra a pesar de un pacto que consumió muchos tiempos y energías, incluso de terceros países como Cuba que abogaron por la reconciliación ofreciéndose como mediadora y anfitriona de las partes en conflicto.
El resultado del referendo evidencia sensibilidades contrapuestas en dos países distintos bajo el mismo nombre. Y que hoy por hoy parecen ser incompatibles, a pesar de que las FARC y el Gobierno de Santos hayan reiterado su voluntad de avanzar hacia un nuevo arreglo pacificador.
Unos y otros han tenido que ceder en lo sustancial para que la negociación no se entrampara, como sucedió tantas veces en el pasado. Y en esas circunstancias de frágil equilibrio, resulta difícil contentar a todas las partes. Así, el gobierno colombiano ha tenido que ser generoso en términos de amnistía, privilegiando la reinserción social de los insurgentes, mientras las FARC han tenido que renunciar a sus arsenales y a los territorios que permanecían bajo su control.
Era evidente que la guerrilla tenía que exigir al Estado colombiano un salvoconducto que garantizara la integridad física y jurídica de sus miembros tras el abandono de las armas, a la vista de lo sucedido en los años ochenta y posteriores en los que se produjo el asesinato masivo de militantes y líderes de la izquierdista Unión Patriótica que habían desistido de promover la violencia para batallar exclusivamente en la política, como consecuencia del acuerdo de desmovilización guerrillera alcanzado con el gobierno de Belisario Betancur.
El presidente Juan Manuel Santos, hombre de Uribe que acabó renegando de su mentor, ha perdido la batalla del referendo por la mínima, ya que los noes al acuerdo de paz con la guerrilla ganaron por apenas cinco décimas a los votos afirmativos, con una significativa abstención del 63 por ciento. Pero los resultados de un plebiscito no admiten medias tintas: o se triunfa o se fracasa.
“En menos de una semana, Santos ha pasado de héroe a villano. El acuerdo de paz deberá ahora ser renegociado, el país convierte la euforia en perplejidad, el Ejecutivo sale muy debilitado y la iniciativa política queda en manos del opositor Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre el 2002 y el 2010, opuesto a las concesiones hechas a las FARC, a quienes con tanto ahínco, fondos y dedicación combatió en sus dos mandatos presidenciales”, subraya un editorial de La Vanguardia.
Coyuntura complicada porque el revés obliga a las FARC a ceder todavía más bazas si quiere que un futuro pacto con el gobierno pase airoso el Rubicón de las urnas y reduzca el potencial de los sectores más conservadores y ultraderechistas del país que han hecho de la guerra su gran negocio ideológico y que denunciaron que el acuerdo de paz garantizaba la impunidad de los rebeldes, sin entrar en las causas objetivas que originaron en su día el levantamiento armado contra la opresión caciquil, la injusticia y la desigualdad social; tampoco mencionan los negacionistas los abusos del Estado y del ejército durante las últimas décadas, ni el arropamiento de los grupos paramilitares por altas instancias de los poderes constituidos.
Es significativo que las zonas más castigadas por la guerra civil hayan respaldado el armisticio, mientras que las áreas urbanas y los territorios menos conflictivos se decantaban por continuar con la guerra a pesar de un pacto que consumió muchos tiempos y energías, incluso de terceros países como Cuba que abogaron por la reconciliación ofreciéndose como mediadora y anfitriona de las partes en conflicto.
El resultado del referendo evidencia sensibilidades contrapuestas en dos países distintos bajo el mismo nombre. Y que hoy por hoy parecen ser incompatibles, a pesar de que las FARC y el Gobierno de Santos hayan reiterado su voluntad de avanzar hacia un nuevo arreglo pacificador.
Comentarios