¿Justicia para todos?

Así titula su editorial el diario El País, pero sin interrogantes, para demostrar que la justicia en España cursa igual para todos los ciudadanos. Una falacia manifiesta que sólo se puede entender como consecuencia del oficialismo en estado puro que el rotativo español practica desde que perdió su independencia a manos de los grandes bancos y otros grupos financieros, con los que está en mucha deuda y que ejercen de accionistas activos en el periódico.

El proceso a la Infanta Cristina, imputada por dos delitos fiscales como cooperadora necesaria de los excesos de su marido, Iñaki Urdangarin, es lo más parecido a una farsa meticulosamente programada.

La hija del rey emérito Juan Carlos no sólo se negó a responder a las preguntas de la abogada de la acusación popular, en este caso el sindicato de ultraderecha Manos Limpias, sino que exhibió una ignorancia provocadora al asegurar reiteradamente que nunca tuvo información alguna sobre la actividad económica ni fiscal de la sociedad en la que figuraba como copropietaria y que era un eslabón más de la cadena de corrupción ideada al parecer por Urdangarin.

La Infanta cree firmemente en la inocencia de su cónyuge, acusado de graves delitos durante su etapa como presidente de Noos, una institución sin ánimo de lucro que el ex Duque de Palma utilizó presuntamente para desviar fondos millonarios hacia empresas fantasmas de las que era titular.

Es fácil anticipar sin temor a equivocarse que la Infanta Cristina quedará absuelta, tras una comparecencia que debería haber indignado a los jueces si éstos hubieran tenido algo de pundonor.

Pero la Casa Real pesa lo suyo en España. Y sus miembros, aunque estén desterrados, siguen inhibiendo a un poder judicial que, salvo casos contados, rinde pleitesía no sólo a la saga de los Borbones sino a todos y cada uno de los pudientes de este País.

¿Justicia para todos? Suena a chirigota.