Justicia discriminatoria en el caso Nóos
Se empeñan en reiterar que la justicia en España es igual
para todos. Pero el juicio que se sigue contra la Infanta Cristina como
cooperadora necesaria de uno de los muchos delitos fiscales facturados presuntamente
por su marido, Iñaki Urdangarin, vuelve a poner de manifiesto que algunos tribunales
de este país sólo se emplean a fondo contra los desvalidos.
Para rematar la faena y evidenciar aún más la farsa a la que
podemos asistir durante este proceso que busca esclarecer el caso Nóos, la abogada del Estado ha desarmado el eslogan
"Hacienda somos todos", que buscaba avergonzar a los defraudadores mediante la reivindicación del patrimonio colectivo, para tildarlo de simple recurso
publicitario, pretendiendo disculpar así a la hermana del rey que no ha
sido señalada en ningún momento por el erario público.
La Infanta podría beneficiarse de un artificio judicial que
sirvió en 2007 para salvar del banquillo de los acusados al entonces presidente
del banco Santander, Emilio Botín, involucrado en la concesión de créditos
irregulares, treta que dio origen a la doctrina que lleva su apellido.
El subterfugio libera de responsabilidad penal a quienes han
defraudado a la Hacienda pública si el Fiscal y las partes directamente perjudicadas no
ejercen la acusación, tal como ocurre con la hermana de Felipe VI.
El juicio por los desvíos de fondos perpetrados desde el
Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro presidida en su momento por
Urdangarin y que supuestamente sirvió para reciclar ilegalmente más de
3 millones de euros, no sólo atañe a los antiguos Duques de Palma.
También revela la falta de escrúpulos, como acertadamente apunta en su artículo Jesús Cacho, con la que actuó la Casa Real liderada
en ese entonces por Juan Carlos I que arropó a su yerno para que
incursionara alegremente en el mundo de los negocios con el mismo tino con el que el
monarca emérito, al que vencieron los escándalos al final de su mandato, amasó
una fortuna multimillonaria que hasta el día de hoy aguanta opaca.
Si la Infanta es inocente, como proclaman sus abogados y la
Fiscalía, que defienda su honor ante los tribunales aportando pruebas y
refutando las acusaciones en su contra. Así de simple debería ser el trámite en
un país en el que la justicia fuera igual para todos.
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