Nadie dimite en el país de los políticos complacientes

Si España fuera un país con cultura democrática ya se habría producido alguna que otra baja como consecuencia de los malos resultados obtenidos por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en las elecciones del 20 de diciembre.

Sin embargo, no sólo no se ha registrado ninguna dimisión, sino que los líderes castigados en las urnas, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, reivindican sus magros resultados con la excusa de que los hados anticipaban mayores descalabros.

Si la postura de Rajoy es cuestionable, la del dirigente socialista resulta claramente reprobable. Sánchez no sólo asume sin despeinarse el peor desenlace electoral en la historia de su partido, sino que amaga con la reelección al frente del PSOE, mientras maniobra para intentar formar Gobierno si Rajoy fracasa en su investidura presidencial como líder de la formación más votada.

El gobernante PP ganó las elecciones con el 28. 7 por ciento, aunque con 123 curules se quedó lejos de la mayoría absoluta cifrada en 176 diputados. Como consecuencia del castigo por los últimos cuatro años de carencias y recortes derivados de la crisis económica, aderezados por la grave corrupción que anida en el PP, la derecha española perdió más de 60 diputados desde las elecciones de 2011, por lo que Rajoy tendrá muy difícil ensayar un nuevo Gobierno.

Al PSOE de Sánchez le fue todavía peor en las urnas, al lograr el 22. 01 por ciento que se traduce en 90 diputados, cifra que representa una pérdida de 20 escaños en relación a las últimas elecciones generales. Un fiasco del partido socialista que no admite paliativos.

El antiliberal Podemos, canalizador del espíritu de los indignados y pilotado por Pablo Iglesias, obtuvo el 20. 6 por ciento y un total de 69 diputados en un desembarco significativo de la izquierda emergente en el Parlamento español, aunque esta formación se presentaba con otras marcas en Cataluña, Valencia y Galicia lo que podría reducir su contundencia parlamentaria.

Ciudadanos, comandado por Albert Rivera y que representa a una derecha más moderna que la del PP, pero igualmente conservadora, también tuvo un buen estreno al acaparar el 13. 9 por ciento de los votos, lo que implica 40 diputados.

Con estos resultados insuficientes, se imponen las negociaciones en un parlamento fragmentado tras las elecciones más reñidas de la última etapa democrática. Como candidato del partido más votado, Rajoy está llevando la iniciativa de cara a la investidura presidencial que en primera convocatoria requiere del aval de una mayoría absoluta que ninguna formación ha sido capaz de extraer de las urnas.

Cualquier alianza, ya sea de derechas o de izquierdas, tendrá por tanto un espinoso recorrido hasta que su candidato pueda optar a la investidura con alguna probabilidad de éxito. Ninguna de las combinaciones que involucran a los principales partidos es descartable. Como tampoco lo es la convocatoria de elecciones anticipadas para la primavera de 2016, en el caso de que no prospere la investidura presidencial.

El nuevo Gobierno, si finalmente nace, estará marcado por la precariedad generada por sus dependencias parlamentarias y muy posiblemente tendrá una breve legislatura, con independencia de su color ideológico.

Como partido ganador, el PP busca el respaldo de Ciudadanos y PSOE que, con su apoyo o abstención, podrían facilitar la investidura presidencial de Rajoy en las rondas en las que se necesita mayoría simple para su nombramiento. No obstante, ambos partidos ya han advertido que se opondrán a la investidura de Rajoy en la primera intentona que requiere de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados; los socialistas, sobre el papel, amplían su rechazo a sucesivas convocatorias.

Sánchez perseguirá un frente de izquierdas con Podemos que haga posible su investidura presidencial si Rajoy no consigue encaramarse. Una operación factible, aunque complicada en extremo porque si el PP y Ciudadanos votan en contra del dirigente socialista, algo previsible, el PSOE tendría que contar no sólo con el apoyo de Podemos, sino también con los votos de los nacionalistas vascos y la abstención de los independentistas catalanes para llegar a la meta.

Por lo demás, Podemos ya ha advertido que no modificará su demanda de autodeterminación en Cataluña en el contexto del proceso soberanista que vive esta región, lo que obstaculizaría un pacto con el PSOE que defiende a ultranza la unidad de España y al que le gusta pavonearse como partido sénior, con profundo sentido de Estado. Sin embargo, cabe esperar nuevos desplazamientos a medida que avancen los tiempos y se despeje el tablero que las dos formaciones de izquierda se están disputando en estas primeras horas de tanteo.

Parece inamovible la negativa de Podemos a la investidura de Rajoy, tanto por activa como por pasiva; pero no se puede decir lo mismo del PSOE, un partido que siempre se ha mostrado mucho más proclive a arropar al establishment cuando éste flaquea.

Casi todo el mundo coincide en que unas elecciones adelantadas ante un insuperable bloqueo parlamentario, servirían para radicalizar el voto, lo que favorecería al PP y a Podemos y perjudicaría a Ciudadanos y, especialmente, al PSOE que sigue arrastrando su falta de credibilidad ante los electores, además de embarullarse en trifulcas internas propiciadas por unos pésimos resultados que en cualquier país con verdadero talante democrático habrían descabezado al partido responsable de la pifia.