Vetos injustificables

La resistencia numantina del gobernante Partido Popular (PP) a reformar la Constitución sólo puede obedecer al temor de que la iniciativa se salga de madre y ponga en peligro la sacrosanta unidad de las tierras de España, debilitando de rebote a la institución monárquica.

Sólo así se entiende el rechazo del PP a las propuestas más que sensatas de la oposición para acometer asuntos tan necesitados de barniz como la politización de la justicia a los más altos niveles o el régimen de las autonomías, que se muestra exhausto amén de ineficaz, tal como refleja el proceso soberanista catalán y las muchas inquietudes vascas.

Es evidente que la Constitución española en algunos de sus apartados encorseta más que libera, y de ahí el descontento y las incomodidades que afloran en no pocos sectores de este país de países.

La modificación del esquema de circunscripciones electorales que privilegia a los grandes partidos y a las formaciones que tienen el voto concentrado; la reconversión del estado de las autonomías en un sistema federal que satisfaga especialmente los anhelos de las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia), y la reforma de los máximos órganos de justicia para que dejen de ser correas de transmisión de los partidos que designan a sus integrantes, son tareas que se deben acometer sin mayor dilación mediante la reforma de una Constitución labrada en tiempos enrarecidos, cuando agonizaba la dictadura franquista, con todos los lastres que ello conlleva.