El País se vuelve redundante...
Por si quedaba alguna duda sobre la deriva reaccionaria de este medio de comunicación.
Resulta que cada vez que se produce un fallo judicial en España, en la coyuntura más polémica, los estamentos orgánicos salen de inmediato en defensa de la independencia de los tribunales, acatando la decisión sin rechistar y aireando su respeto por la opinión de los togados.
Pero cuando la sentencia toca fibras profundas, medulares, el pronunciamiento judicial es objeto de cuestionamiento, por lo que se procede a desarbolar sin el menor reparo los argumentos de los mismos magistrados que habían sido previamente encumbrados.
El nombramiento de Antonio Caño como director de El País, es un retrato robot del futuro que le espera a este diario que persevera en su desprestigio, en la forma y en el fondo.
En última instancia: ¿qué es lo que entiende El País por protesta ‘pacífica’? Los actos 'violentos' que se produjeron en 2011 con motivo del asedio al Parlamento catalán, fueron episodios menores en el contexto de la protesta contra el poder establecido.
Pero este indicio no cuenta para el periódico independiente y global a la hora de retratar la hipérbole callejera en un escenario alevosamente elegido, insistiendo en el señalamiento de los culpables y anticipando castigos proverbiales.
"Sostienen tales jueces el delirante argumento de que el espacio público está “delimitado y controlado por los medios de comunicación, en manos privadas, o, pocos, de titularidad estatal pero gestionados con criterios partidistas”. ¿Qué tiene que ver esa palabrería con los golpes contra el coche del presidente de la Generalitat y el acoso a decenas de diputados; con tirarles líquidos a sus trajes; con pintarrajear a alguno de ellos; con acometerles físicamente en algún caso, y en otros de forma verbal?", replica El País en su editorial pergeñado desde su torre de marfil.
Es cierto que algunas de las penas requeridas eran discutibles, agrega el rotativo refiriéndose a las exageradas demandas de la fiscalía que reclamaba hasta cinco años de prisión para los activistas más subversivos... ¡Oh! ¡vaya! pequeño detalle...
Pobre diario, que no hace sino alimentar su suicidio. Tan profundo como progresivo.
Editorial de El País (09.07.2014): Peligrosa sentencia
Un tribunal de la Audiencia Nacional ha dado un salto peligroso en la línea de defensa de las acciones de “democracia directa” contra representantes de los ciudadanos elegidos en las urnas. Para ello absuelve a 19 de los 20 acusados de entorpecer el acceso del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de numerosos diputados al Parlamento de Cataluña el 15 de junio de 2011; en parte, por no considerar suficientemente acreditada la participación de los implicados pero, sobre todo, porque dos de los tres jueces consideran “obligado” admitir excesos en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación “si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica”, lo que puede interpretarse como un aval a los actos de intimidación.
Sostienen tales jueces el delirante argumento de que el espacio público está “delimitado y controlado por los medios de comunicación, en manos privadas, o, pocos, de titularidad estatal pero gestionados con criterios partidistas”. ¿Qué tiene que ver esa palabrería con los golpes contra el coche del presidente de la Generalitat y el acoso a decenas de diputados; con tirarles líquidos a sus trajes; con pintarrajear a alguno de ellos; con acometerles físicamente en algún caso, y en otros de forma verbal? A dos de los tres miembros del tribunal les parece bien “ponerse delante de los diputados con los brazos abiertos o caminar detrás de ellos con los brazos en alto, al tiempo que se coreaban las consignas sobre el recorte presupuestario o la falta de legitimidad de la representación que ostentaban”, según escriben en su sentencia: lo consideran “conductas íntima e inequívocamente conectadas con el derecho a la protesta que allí se ejercitaba”.
Contraponer “democracia directa” a “democracia representativa” es la gran consigna populista que recorre Europa, animada, sobre todo, por movimientos extremistas. Resulta ridículo haber condenado a uno solo de los participantes —a una pena tan liviana como permanecer cuatro días localizado—, pero es mucho más inquietante justificar los excesos cometidos, como lo hacen los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y Manuela Fernández Prado, de los que ha disentido Fernando Grande-Marlaska, para quien hay pruebas suficientes para condenar a una decena de implicados.
Los derechos de reunión y expresión son inherentes a la democracia. Nada hay que decir sobre una protesta contra los recortes del gasto social, si se hubiera producido de forma “pacífica”, como dice la Constitución. Tampoco hay reproche alguno que hacer a la mayoría de los manifestantes, que se abstuvieron de coacciones (y algunos trataron de contenerlas). Es cierto que las penas requeridas eran discutibles —la fiscalía pidió hasta cinco años de prisión— y que en su día se cuestionó la actuación de los Mossos d’Esquadra en esa jornada. Pero de ahí a justificar a una minoría intimidatoria va una distancia insalvable. Por ahí no se puede pasar.
Resulta que cada vez que se produce un fallo judicial en España, en la coyuntura más polémica, los estamentos orgánicos salen de inmediato en defensa de la independencia de los tribunales, acatando la decisión sin rechistar y aireando su respeto por la opinión de los togados.
Pero cuando la sentencia toca fibras profundas, medulares, el pronunciamiento judicial es objeto de cuestionamiento, por lo que se procede a desarbolar sin el menor reparo los argumentos de los mismos magistrados que habían sido previamente encumbrados.
El nombramiento de Antonio Caño como director de El País, es un retrato robot del futuro que le espera a este diario que persevera en su desprestigio, en la forma y en el fondo.
En última instancia: ¿qué es lo que entiende El País por protesta ‘pacífica’? Los actos 'violentos' que se produjeron en 2011 con motivo del asedio al Parlamento catalán, fueron episodios menores en el contexto de la protesta contra el poder establecido.
Pero este indicio no cuenta para el periódico independiente y global a la hora de retratar la hipérbole callejera en un escenario alevosamente elegido, insistiendo en el señalamiento de los culpables y anticipando castigos proverbiales.
"Sostienen tales jueces el delirante argumento de que el espacio público está “delimitado y controlado por los medios de comunicación, en manos privadas, o, pocos, de titularidad estatal pero gestionados con criterios partidistas”. ¿Qué tiene que ver esa palabrería con los golpes contra el coche del presidente de la Generalitat y el acoso a decenas de diputados; con tirarles líquidos a sus trajes; con pintarrajear a alguno de ellos; con acometerles físicamente en algún caso, y en otros de forma verbal?", replica El País en su editorial pergeñado desde su torre de marfil.
Es cierto que algunas de las penas requeridas eran discutibles, agrega el rotativo refiriéndose a las exageradas demandas de la fiscalía que reclamaba hasta cinco años de prisión para los activistas más subversivos... ¡Oh! ¡vaya! pequeño detalle...
Pobre diario, que no hace sino alimentar su suicidio. Tan profundo como progresivo.
Editorial de El País (09.07.2014): Peligrosa sentencia
Un tribunal de la Audiencia Nacional ha dado un salto peligroso en la línea de defensa de las acciones de “democracia directa” contra representantes de los ciudadanos elegidos en las urnas. Para ello absuelve a 19 de los 20 acusados de entorpecer el acceso del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de numerosos diputados al Parlamento de Cataluña el 15 de junio de 2011; en parte, por no considerar suficientemente acreditada la participación de los implicados pero, sobre todo, porque dos de los tres jueces consideran “obligado” admitir excesos en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación “si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica”, lo que puede interpretarse como un aval a los actos de intimidación.
Sostienen tales jueces el delirante argumento de que el espacio público está “delimitado y controlado por los medios de comunicación, en manos privadas, o, pocos, de titularidad estatal pero gestionados con criterios partidistas”. ¿Qué tiene que ver esa palabrería con los golpes contra el coche del presidente de la Generalitat y el acoso a decenas de diputados; con tirarles líquidos a sus trajes; con pintarrajear a alguno de ellos; con acometerles físicamente en algún caso, y en otros de forma verbal? A dos de los tres miembros del tribunal les parece bien “ponerse delante de los diputados con los brazos abiertos o caminar detrás de ellos con los brazos en alto, al tiempo que se coreaban las consignas sobre el recorte presupuestario o la falta de legitimidad de la representación que ostentaban”, según escriben en su sentencia: lo consideran “conductas íntima e inequívocamente conectadas con el derecho a la protesta que allí se ejercitaba”.
Contraponer “democracia directa” a “democracia representativa” es la gran consigna populista que recorre Europa, animada, sobre todo, por movimientos extremistas. Resulta ridículo haber condenado a uno solo de los participantes —a una pena tan liviana como permanecer cuatro días localizado—, pero es mucho más inquietante justificar los excesos cometidos, como lo hacen los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y Manuela Fernández Prado, de los que ha disentido Fernando Grande-Marlaska, para quien hay pruebas suficientes para condenar a una decena de implicados.
Los derechos de reunión y expresión son inherentes a la democracia. Nada hay que decir sobre una protesta contra los recortes del gasto social, si se hubiera producido de forma “pacífica”, como dice la Constitución. Tampoco hay reproche alguno que hacer a la mayoría de los manifestantes, que se abstuvieron de coacciones (y algunos trataron de contenerlas). Es cierto que las penas requeridas eran discutibles —la fiscalía pidió hasta cinco años de prisión— y que en su día se cuestionó la actuación de los Mossos d’Esquadra en esa jornada. Pero de ahí a justificar a una minoría intimidatoria va una distancia insalvable. Por ahí no se puede pasar.
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