Las turbulentas aguas del independentismo catalán
La dirigente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha
advertido al Presidente Artur Mas que su asociación impedirá que concluya la
legislatura en 2016 si antes no se celebra el referéndum de autodeterminación.
El señalamiento de Carme Forcadell está de más, como otros
tantos comentarios que en nada contribuyen al sosiego y a la necesaria
reflexión sobre un problema de tanto calado como el del futuro de Cataluña.
Nadie le discute a la ANC su capacidad de movilización en
demanda de una consulta popular que clarifique posturas de cara a la hipotética
independencia de esa región.
Y tampoco se cuestionan sus aportaciones.
Pero de ahí a que la ANC se convierta en árbitro de la
partida a varias bandas que se está librando en esa región española, media un
abismo.
Fundamentalmente porque Forcadell no ha sido elegida por los
ciudadanos y, por lo tanto, difícilmente se puede erigir en guía espiritual de
una comunidad heterogénea, por muy generalizado que esté en esas tierras el anhelo de la
consulta soberanista.
Forcadell actúa como si estuviera echando un pulso al
Gobierno central y tuviera opciones de ganarlo, como si el proceso de
independencia fuera irreversible y no cupieran en el mismo más hojas de ruta
que las facturadas por la ANC.
Sin embargo, es al Parlamento catalán al que corresponde
decidir los tiempos y las formas y no a una asociación civil que, por lo demás,
está demostrando una mentalidad chata, provinciana, en muchos de sus
comunicados y pronunciamientos.
Por
lo pronto, con la actual normativa española, resulta
imposible que se celebre en Cataluña un referéndum independentista
dentro del
marco de la legalidad, lo que condiciona la voluntad soberanista
de la mayoría de los diputados del parlamento regional.
Ciertamente urgen las reformas constitucionales, tal como
está de alborotado el patio ibérico, con el País Vasco sumándose con renovado entusiasmo a la carrera independentista.
Y sería deseable que los actores descontentos se incorporaran también a la corriente que demanda una reforma de la Carta Magna surgida de esa
transición que se ha revelado tan inmodélica como insuficiente.
Empeñarse en un choque frontal con el Gobierno de Madrid es un solemne error, porque a todos desgasta y a muy pocos beneficia.
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