Justicia que no lo es
Que la Justicia española no es la misma para todos, que está
excesivamente contaminada, que la prevaricación determina muchas veces
instrucciones y sentencias y que magistrados y fiscales la distorsionan a
diario, son datos objetivos, palpables, que alimentan desde hace años la
indignación ciudadana.
Pero ahora ha sido el fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, el que se ha encargado de oficializar algunos de los agravios de
una Justicia que superó intacta la transición democrática, como otros poderes
pervertidos por la dictadura franquista y varios siglos de oprobio.
“Legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes
con la gravedad que se demanda por la ciudadanía, absoluciones difíciles de
entender, prescripciones incomprensibles, indultos a corruptos y agujeros negros
en la ejecución de sentencias", son algunas de las disfunciones apuntadas
por el Fiscal.
Consecuencias en definitiva de la transición inmodélica que
pasó de puntillas por este país de países y que prefirió mirar hacia otro lado
cuando se trataba de ajustar cuentas con el pasado inmediato, desde la investigación de
las torturas y desapariciones de republicanos y opositores al franquismo cuyos
familiares siguen clamando en el desierto, hasta el desmantelamiento de los
aparatos de represión de la dictadura, entre ellos el entramado judicial que
continúa pariendo despropósitos.
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