Adiós a la Justicia Universal
Los jueces españoles han quedado prácticamente inhabilitados
para actuar a nivel internacional, después de que el Parlamento español
acordara limitar sus competencias para perseguir delitos de lesa humanidad
fuera de las fronteras ibéricas.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue
aprobada con los votos del gobernante Partido Popular (PP), y que obtuvo el
rechazo de toda la oposición, reduce drásticamente el campo de acción de los
Jueces y obligará a archivar varias causas abiertas en la Audiencia Nacional.
Entre las investigaciones que quedarían congeladas se
encuentra la muerte del camarógrafo español José Couso en la Guerra de Irak que
se atribuye a militares estadounidenses, y el supuesto genocidio en el Tibet,
por el que la Audiencia Nacional cursó órdenes de captura internacional de
antiguos dirigentes chinos.
También quedarían archivadas las causas relacionadas con la
vulneración de derechos humanos en Guatemala y El Salvador durante las dictaduras militares,
así como los delitos de genocidio en el Sáhara y los supuestos abusos cometidos
en la base militar de Estados Unidos en Guantánamo.
Han sido muchas las voces que se han alzado contra la
reforma que desmantela la Justicia Universal en España.
Jueces y Fiscales de la Audiencia Nacional han denunciado que
la nueva ley que podría entrar en vigor el próximo 21 de marzo, crea además
espacios de impunidad que dificultarán la investigación de graves delitos
contra el crimen organizado transnacional como el narcotráfico.
El principio de Justicia Universal permite perseguir crímenes
de lesa humanidad cometidos en terceros países y con independencia de las
nacionalidades de víctimas y victimarios.
Sin embargo, las decisiones de los Jueces nunca fueron
recibidas con agrado por los Gobiernos de turno, ya fueran del PP o del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE). Y buena parte del aparato judicial de la
Audiencia considera que los Magistrados españoles no son competentes para investigar
los crímenes cometidos allende las fronteras.
Las órdenes de captura contra antiguos mandos militares o ex
gobernantes de terceros países por su supuesta implicación en crímenes de lesa
humanidad, han provocado fuertes
sacudidas diplomáticas, poniendo a los Gobiernos españoles en verdaderos
aprietos, ya que al poder judicial se le presupone total autonomía.
El último incidente surgió tras la orden de detención girada
por la Audiencia contra el ex Presidente de China Jiang Zemin y otros ex
líderes de la potencia asiática presuntamente vinculados a actos de genocidio cometidos
en la región de El Tibet.
Los chinos pusieron de inmediato el grito en el cielo y
amenazaron con enturbiar las relaciones bilaterales si España no desistía de la
persecución.
Con la reforma aprobada, este conflicto ha sido convenientemente
desactivado en momentos en los que las empresas españolas buscan implantarse en
China empujadas por la crisis que padece el país ibérico.
Ciertamente, es muy paradójico que los Jueces de la Audiencia
dediquen tantas energías a perseguir ciertos desmanes extramuros y desoigan las
demandas de justicia de las víctimas de los crímenes del franquismo que hasta
ahora, en España, han clamado en el desierto.
Pero esta doble vara de medir, siendo
más que reprobable, no puede opacar la maniobra perpetrada en el Parlamento
español con la venia del PP para maniatar a los Jueces españoles a la hora de
perseguir gravísimos delitos internacionales.
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