La agonía de los medios públicos

El cierre de un medio de comunicación, siempre es un hecho deplorable. Y si tiene naturaleza pública, doblemente doloroso. Es el caso de la Radio Televisión Valenciana (RTVV), cuya señal parece haberse apagado definitivamente tras la decisión del Gobierno regional del Partido Popular (PP) de prescindir de este servicio cuyos costos considera inasumibles, después de que el Tribunal Superior de Valencia considerara nulo el expediente de regulación de empleo y ordenara la readmisión de los trabajadores despedidos.

Hace mucho tiempo que la RTVV se había convertido en un grosero aparato de propaganda al servicio de los poderes de turno, sobre todo tras la llegada en 1995 del PP al Palau de la Generalitat, bajo la égida de Eduardo Zaplana.

El control ideológico y el despilfarro marcaron buena parte de esta última etapa en un medio cuyos contenidos informativos se habían envilecido a golpe de manipulación. Bastaba con rastrear sin demasiado empeño Canal 9, para confirmar el grave deterioro mediático.

La anunciada liquidación de RTVV marca un peligroso antecedente para la industria audiovisual de carácter público que, salvo contadas excepciones, se halla bajo mínimos de credibilidad y con escasas audiencias en España, lo que está sirviendo de coartada a las autoridades competentes para echar el cerrojo definitivo cuando la reacción debería ser precisamente la contraria: inyectar profesionalidad a espuertas, garantizar la calidad de la emisión y recuperar el favor de los receptores.

Los medios públicos son tan necesarios como irreemplazables, sencillamente porque se fundamentan en el servicio a la ciudadanía y no en el afán de lucro que distingue, en mayor o menor medida, a la industria privada. Ciertamente, deben mantenerse equidistantes de cualquier poder, ser fieles valedores del interés general y anteponer este último a cualquier vasallaje.

"Las radiotelevisiones públicas autonómicas son necesarias, no sólo para preservar y defender la cultura y la lengua propia en las comunidades que la tienen sino para cohesionar a la sociedad y facilitar a la ciudadanía la información más cercana que no le van a ofrecer TVE ni las cadenas privadas. Los gobiernos autonómicos deben adoptar las medidas necesarias para que sean gestionadas correctamente, no utilizarlas con fines partidistas y dejar su funcionamiento en manos de los profesionales", señala acertadamente la Federación de Sindicatos de Periodistas.

Lamentablemente, aunque existen culpables visibles y en primer grado, también hay complicidades que emanan del sector que resultará perjudicado por el cierre. Las protestas de los trabajadores de RTVV ante la burda e inaceptable intromisión del poder local, nunca fueron suficientes ni demasiado sonoras. La rabieta llega tarde, como casi siempre.