La inmerecida fama de los empresarios

Con estos elementos y muchos otros que aguantan en la impunidad, es imposible progresar como colectivo. En estos tiempos en los que se denigra el oficio de la política, injustamente y de manera generalizada porque la harina que hay pertenece a muchos costales, sigue llamando poderosamente la atención que los empresarios sólo sean exhibidos como creadores de riqueza, como auténticos muelles sociales, cuando en ese planeta de los negocios y el lucro aplaudido florecen también los golfos sin escrúpulos, como queda demostrado con la detención de Gerardo Díaz Ferrán, antiguo jefe de la patronal celtíbera por presunto alzamiento de bienes y lavado de dinero. Evidentemente, no todos los empresarios ejercen de villanos; pero ya es hora de que el bisturí penetre a fondo en ese mundo, que no escapa de la corrupción, en el que pareciera que sólo existen excelsos emprendedores con la mente puesta en el bien común, cuando en realidad abundan los que se casan con la especulación y tienen como objetivo prioritario y descarado engordar al máximo sus bolsillos.

El Mundo (agencias).- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores, informaron fuentes jurídicas.

El ex dirigente de la patronal ingresará en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde también fue recluido el presunto cabecilla de la trama Gürtel, el empresario Francisco Correa.

La fianza impuesta a Díaz Ferrán, que se ha adoptado en contra del criterio del fiscal Daniel Campos, que ha solicitado su ingreso en prisión incondicional, igualó durante unas horas la más alta impuesta por un juez en España, que fue la que se decretó en 1999 al empresario Javier de la Rosa por el 'caso Torras'

Sin embargo, el juez decretó después prisión eludible bajo fianza de 50 millones de euros para Ángel de Cabo, quien presuntamente compró las empresas de Díaz Ferrán a un precio inferior para su vaciado patrimonial.

El juez también ha decretado prisión eludible con una fianza de 30 millones para Iván Losada, la mano derecha de De Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa); y de 3.000 euros para la secretaria Susana Mora.

Esta ha colaborado con la Justicia y ha quedado libre al abonar la fianza. Según el juez, fue administradora de Promegan, "la única empresa que produce dinero" de De Cabo, y en ella confió tanto que le confió "documentación comprometida" y "dinero o cheques bancarios que esta guardaría en su dominicilio, en el trastero del mismo y hasta en su vehículo particular".
Ricos pero 'aparentemente' insolventes

Velasco, que instruye este procedimiento a partir de una denuncia presentada en febrero pasado por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, imputa al expresidente de la patronal los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

Según recogen las diligencias previas, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual "habían diseñado una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando insolvencia patrimonial". Los empresarios vendieron el Grupo Marsans en junio de 2010 dentro de un pacto para que De Cabo les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales y evitar así pagar a sus más de 10.000 acreedores, con los que mantiene deudas superiores a los 1.000 millones de euros.

"A cambio cada propietario de Marsans debía recibir 100.000 euros mensuales hasta alcanzar la cifra de ocho millones de euros respectivamente. Según el juez, Díaz Ferrán viajó cada dos o tres semanas a Valencia para recibir su dinero, pero Gonzalo Pascual no recibió ningún pago hasta el momento de su fallecimiento.

Desde la operación contra Nueva Rumasa, De Cabo "se ha centrado en justificar los movimientos de fondos que se han producido tras la entrada del grupo Marsans", apunta el juez. Según sus diligencias, además de utilizar varios testaferros encargó al fiscalista Rafael Tormo Aguilar la confección de contratos simulados para colocar los activos en el exterior y el diseño de la estructura societaria en el extranjero, que operaría en países como Chipre, Siza, Liechtenstein, Malta y Hong-Kong.
Le endosa la responsabilidad a su socio

Precisamente Díaz Ferrán ha negado durante su declaración todas las acusaciones que se le imputan y, en la misma línea de su anterior comparecencia en esta causa, ha señalado que las labores ejecutivas y el día a día de la organización correspondían a su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado.

También ha señalado que vendió al empresario Ángel de Cabo las empresas del Grupo Marsans a través de la sociedad Posibilitum porque éstas se encontraban "en crisis". Según las citadas fuentes, Díaz Ferrán ha asegurado que a partir de esta transacción perdió el control de sus empresas, por lo que no conoce las operaciones realizadas por De Cabo.

Díaz Ferrán ha declarado durante una hora ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. También ha comparecido el trabajador de las empresas de Ángel de Cabo Antonio García, que apenas ha estado unos minutos en el despacho del juez al acogerse a su derecho de no declarar.
Del 'caso Marsans' al 'caso Caja Madrid'

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco comenzó a las 10.10 horas el interrogatorio a Díaz Ferrán, quien llegó a la Audiencia Nacional junto a los otros 9 detenidos en la 'operación Crucero' a las 8.40 horas a bordo de un furgón policial. Todos ellos fueron detenidos a primera hora de la mañana del pasado lunes.

Tras su declaración ante el juez Velasco, Díaz Ferrán fue trasladado a la Plaza de Castilla de Madrid, donde estaba citado para declarar como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, José Silva, por la concesión de un crédito de Caja Madrid por valor de 26,6 millones de euros. A las 12.30 horas el juez Silva interrogó también calidad de imputado al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

A las 15.26, Díaz Ferrán ha entrado en el despacho del titular del juzgado de instrucción numero 9 de Madrid, José Silva. Iba flanqueado por dos guardia civiles y dos agentes de la policía nacional. Con semblante serio y vestido de oscuro, una chaqueta de cuerpo negra tres cuartos. No ha sonreído pero miraba al frente, sin agachar la cabeza en ningún momento.

Después, el abogado de Díaz Ferrán ha pedido al juez que le diera algo de tiempo para hablar con su atendido. Dentro de la sala, ambos se han reunido durante unos minutos.

El juez Velasco tambíen tomó declaración a lo largo de la mañana al empresario Ángel de Cabo y a los otros siete detenidos por su presunta participación en la trama de ocultación de bienes y de blanqueo de capitales.

En la operación, denominada 'Crucero', fueron detenidos, además de Díaz Ferrán y De Cabo, el empresario de Castellón Iván Losada, socio de De Cabo; su secretaria, Susana Mora, y su cuñado, Teodoro Garrido. Fueron asimismo arrestados los supuestos testaferros de De Cabo Rafael Tormo, Antonio García, Carmelo José Estelles Giménez y José Enrique Pardo Manrique.
Yates y apartamentos de lujo

Marsans debe 45 millones de euros a varios hoteleros y habría además, según la Fiscalía, más de 10.000 perjudicados por la presunta ocultación del expresidente de la patronal y sus socios. De forma paralela a la causa de Velasco, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a Díaz Ferrán por presunta estafa y apropiación indebida a través de Viajes Marsans.

En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido.

En concreto, el dinero bloqueado procede principalmente del negocio de transporte aéreo, cuyo máximo exponente era la aerolínea Air Comet, así como de las firmas Trapsa, Holdisan y Grudisan.

Además, la Policía ha encontrado dos trofeos de caza -un elefante y una jirafa- durante el registro de la casa de De Cabo, así como 380.000 en metálico en la caja de seguridad de una entidad bancaria cuyo titular era su cuñado Teodoro Garrido.

Estos hallazgos se suman al millón de euros encontrado en casa de De Cabo, los 400.000 euros en la de la secretaria Susana Mora y los 150.000 y el kilo de oro que guardaba Díaz Ferrán.

Las investigaciones también han desvelado que Díaz Ferrán obtuvo más de cuatro millones de euros con la venta a inversores rusos de una casa en la localidad de Calviá (Mallorca) el pasado agosto, una de las operaciones de ocultación de activos que la Audiencia no ha podido paralizar.
El entramado de De Cabo

El entramado giraba en torno a la compañía Esser Internacional 21, la sociedad de la que dependen gran parte de los bienes de De Cabo.

Esa sociedad estaba administrada por su cuñado Teodoro Garrido, uno de los detenidos, entre los que también destaca Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba, y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique, además del financiero Carmelo Estéllez Jiménez.

Además, la Audiencia ha enviado comisiones rogatorias a Suiza, Irlanda, Liechtenstein y Panamá, entre otros países, para investigar el paradero de otros bienes de Díaz Ferrán y Pascual en el extranjero.


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