El gran socavador

Uno de los principales saboteadores de la credibilidad del sistema justiciero en este país de países, se permite alertar sobre los riesgos de socavar los cimientos del Estado de derecho. Se llama Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se ha aferrado hasta ahora a la poltrona a pesar de las acusaciones por presunta malversación de dinero público y la desconfianza manifiesta por parte de varios de los vocales de ese organismo. La desfachatez de Dívar al reclamar la separación de los poderes del Estado y el reconocimiento del Tribunal Supremo y la organización de tribunales como un sistema básico, esencial e ineludible, no tiene parangón habida cuenta de que la perorata procede de alguien cuya fama está en entredicho y que se resiste a renunciar al cargo con el consiguiente perjuicio para la imagen institucional. Por supuesto, Dívar, durante su discurso con ocasión del Bicentenario del Tribunal Supremo, no ha hecho mención alguna a su precaria situación después de que el pasado sábado se comprometiera ante el Pleno del Consejo a adoptar una medida rotunda y contundente a lo largo de esta semana tras constatar la pérdida de confianza de una amplia mayoría de sus vocales. Un desplante normal, en alguien que calificó de calderilla los 6 mil euros que supuestamente había utilizado de los fondos públicos para financiar sus correrías privadas, hoteles y cenas, en el exclusivo Puerto Banús. El señor Dívar, con el cinismo exhibido tras sus polémicos viajes, es un indigno representante de la Justicia y su permanencia en los más altos niveles de la judicatura sólo contribuye a alimentar la ópera bufa que algunos se han encargado de montar a despecho de la ciudadanía en su conjunto.