Garzón y la confusión

Resulta muy difícil objetar la condena a un juez por haber ordenado la grabación de conversaciones privadas entre imputados y abogados para remitirlas después a fiscales y policías, vulnerando con ello garantías constitucionales. Y esto es precisamente lo que hizo Baltasar Garzón durante su investigación de la trama de corrupción empresarial conocida como Gürtel y en la que recurrió a las muy polémicas escuchas. En este caso no hay persecución política: simple y llanamente, aplicación de las leyes. Otro asunto muy distinto es el de la indagación en los crímenes perpetrados durante el periodo franquista y de cuya instrucción se encargó también el juez sancionado. Aquí sí procede la protesta sonora y caben todas las denuncias por linchamiento. Lamentablemente, los seguidores del juez prefirieron defenderle en términos absolutos y han terminado por reivindicar la conculcación de derechos fundamentales si los maleantes lo ameritan. Una completa aberración que contrasta con la digna demanda de reconstruir cabalmente la memoria histórica en este país, que abanderan las víctimas de la represión franquista y sus familiares. Ante una personalidad tan poliédrica y discutida como la de Garzón, es imposible manifestar adhesiones inquebrantables. Hay que recordar de nuevo que el juez que merece todos los elogios por su investigación de las tropelías del franquismo que dejaron cientos de miles de cadáveres en fosas comunes y cunetas, es el mismo que entre otras insensateces se encargó de clausurar en 1998 el diario Egin por sus supuestos vínculos financieros con ETA, tras una pésima instrucción que condujo a un juicio fallido de antemano, con el irreparable perjuicio para los encausados que fueron declarados inocentes tras el apagón informativo ordenado por Garzón.