El muy inconveniente blindaje real

La familia real española continúa disfrutando de un trato más que privilegiado cuando se abre la posibilidad de que alguno de sus miembros tenga que responder ante la justicia por un presunto delito, lo que representa un agravio comparativo que lamentablemente no tiene trazas de ser corregido en un país que sigue rindiendo pleitesía a la aristocracia suprema desde muy diferentes ámbitos.
La Fiscalía General del Estado ha rechazado investigar la denuncia presentada por el abogado Fernando Pamos contra la infanta Cristina por su rol en la empresa Aizoon, vinculada a la trama de corrupción del instituto Nóos por la que fue imputado el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, yerno de Juan Carlos I.
El Ministerio Público considera que no ha quedado demostrado que la infanta tuviera conocimiento de las actividades irregulares de la entidad, cuando resulta evidente que la hija del Rey no ha podido permanecer en una burbuja, convenientemente aislada, ajena por completo a los tejemanejes de su marido y que por lo tanto existe un grado de complicidad que es el que habría que esclarecer si en este país de países las leyes no se facturaran a la carta.
El blindaje expreso de la familia real y la autocensura que rige en la judicatura y el sector mediático cuando se trata de intervenir en los asuntos monárquicos de cualquier índole, es un reflejo de la inmadurez de una democracia alabada a los cuatro vientos internacionales y que se está revelando insuficiente, fruto de una transición manca. Y no sólo en los asuntos de calado que competen a la familia real española.