La tentación autoritaria, esta vez en Argentina

Las llamadas leyes antiterroristas suelen ser la mejor coartada de los gobiernos para practicar la intimidación social bajo el paraguas de la legalidad y la excusa de la emergencia nacional. La justificación siempre es la misma: la amenaza invisible, constante, indiscriminada, mucho mejor si proviene de un exterior remoto y más inaprehensible, por lo que urge el blindaje del colectivo y la reactivación del gran hermano que se encargará de rastrear las 24 horas del día nuestra seguridad. También como siempre, las perdedoras de ese excesivo celo del Estado son las libertades civiles. Ahora está sucediendo en Argentina, donde las autoridades han advertido que la ley antiterrorista recién aprobada en el Senado podría alcanzar a los medios de comunicación. Los funcionarios argentinos creadores del engendro esgrimen que la arremetida se podría dar contra los medios que induzcan a la evasión de capitales o al manejo de información que aterrorice a la población. Vanos alegatos, por la sencilla razón de que las legislaciones convencionales y emanadas de la constitución se encargan ya de fiscalizar los delitos en los que podrían incurrir los medios de comunicación y penalizarlos en consecuencia. Las leyes mordazas se etiquetan de muchas maneras, pero no por ello se vuelven menos represoras.