La familia real, a la palestra

El juez José Castro Aragón, instructor del denominado caso Palma Arena, desencadenado por un presunto desvío de dinero público en la construcción del equipamiento deportivo en Mallorca, señala en sus autos que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de Borbón, y su socio, Diego Torres, se valieron supuestamente de varias sociedades para “apoderarse de fondos públicos” que recibía el Instituto Nóos, del cual los dos fueron presidentes, según informó en primicia El Periódico de Cataluña. Es la primera vez que un miembro de la familia real se halla bajo sospecha judicial, con el añadido de que Urdangarin ha estado bajo la lupa justiciera desde que el ex jugador de balonmano ingresó en los negocios de altura a trompicones, haciendo demasiado ruido. Que los jueces indaguen tras las bambalinas borbónicas es algo que hay que celebrar, porque puede suponer el principio del fin del inexplicable blindaje del que disfruta la familia real española por su condición de tal, cuando en los últimos años han saltado indicios más que inquietantes sobre las actividades financieras de algunos de sus ilustres miembros. Bienvenida pues la investigación a fondo. Y lo que se desprenda de las averiguaciones, habida cuenta de que en la Zarzuela han sido incapaces de ventilar ésta y otras humaredas.