La educación madrileña, bajo mínimos

El conflicto generado en la Comunidad de Madrid luego de que la presidenta Esperanza Aguirre decidiera aumentar el número de horas lectivas de los profesores de secundaria, alberga un futuro más que inquietante porque a nadie se le escapa que el Gobierno regional que encarna una de las ideologías más retrógradas de este país de países se empeñó desde hace tiempo en privatizar progresivamente la enseñanza pública. La senda está trazada. Mientras se distraen recursos para la instrucción que nos compete a todos, se privilegia la educación privada mediante el incremento de las subvenciones a los colegios concertados. La inefable señora Aguirre asegura que su Gobierno se ha limitado a aumentar las horas lectivas a los docentes sin retocar el presupuesto, lo que es radicalmente falso porque la crecida de la carga de trabajo echará a la calle a cerca de 3 mil profesores interinos que se ocupaban de esas horas, con el ahorro subsecuente para las arcas madrileñas. Además, la señora Aguirre y su equipo neoconservador donde los haya, con sitial destacado para la Consejera Lucía Figar, contabiliza las horas lectivas como si fueran tornillos. Suma y resta, cuando resulta de una evidencia palmaria que los profesores invierten en la docencia tiempos irregistrables, como tutorías, guardias, reuniones de coordinación, preparación de clases y un largo etcétera difícil de amortizar en términos monetarios, que es el balance que prima en las cabezas del Gobierno regional. Tampoco las estadísticas internacionales avalan la decisión de Aguirre que, fiel a su ideario, persigue la mercantilización de todo lo que se mueva a su alrededor.