La condena a Otegi, un inmenso error

La condena a Arnaldo Otegi, diez años de prisión, por integración en organización terrorista (ETA), es un error descomunal, como también lo es la misma pena carcelaria impuesta al sindicalista Rafael Díez Usabiaga por un delito similar. Las desmedidas sentencias se nutren de hipótesis, indicios, interpretaciones y el particular criterio del juez, sin que haya pruebas fehacientes del crimen que se les imputa a los dirigentes independentistas. Además, los dos han dado sobradas muestras en los últimos tiempos de su apuesta por la vía política para alcanzar una solución al conflicto del País Vasco, con continuos llamamientos a la negociación de las partes implicadas. Los gravísimos errores cometidos en su día con el cierre judicial de medios de comunicación vascos como Egin y Egunkaria por una presunta conexión con ETA que nunca pudo sustentarse, pero que afectó profesional y existencialmente a los responsables de esos medios que fueron acusados, procesados y liberados después, cobran relevancia con el nuevo disparate cometido por la Audiencia Nacional, algunos de cuyos jueces más celebrados se han revelado como pésimos instructores. Los resultados electorales conseguidos por la coalición abertzale Bildu (independentistas) en las últimas elecciones municipales del País Vasco, ponen también en evidencia que la opción soberanista cuenta con un respaldo más que significativo en esas tierras, y que cualquier solución del conflicto pasa por una mesa de negociaciones, tan amplia como incluyente, en la que ETA debe figurar de alguna manera, aunque la hoja de ruta la elaboren y finiquiten los agentes políticos y sociales de todas las tendencias. La condena a Otegi dificulta notablemente el proceso de paz y es un pésimo mensaje para los integrantes de ese mundo abertzale que, con un extendido apoyo social, busca alternativas a través de las urnas y el diálogo a un conflicto cuya naturaleza sigue siendo fundamentalmente política.