La CPI, un tribunal mediado

Tienen cada vez más empaque las versiones que apuntan a un progresivo adelgazamiento de la Corte Penal Internacional (CPI) por falta de recursos. No es una buena noticia; pero tampoco rezuma el dramatismo que algunos le quieren endilgar. La CPI es un tribunal internacional no reconocido por actores tan fundamentales como Estados Unidos o Israel, por citar dos países involucrados en conflictos con saldos más que sospechosos en cuanto a vulneración de derechos humanos se refiere. Por lo mismo, las actuaciones de la CPI se centran sobre todo en la persecución de dictadores obvios, criminalizados de antemano y que, si bien deben ser llevados ante la justicia, representan un porcentaje ínfimo en el recuento de los agravios que a diario se cometen en el planeta y con los que algunos gobernantes de grandes y medianas potencias están directamente relacionados, por no hablar de la responsabilidad de ciertas multinacionales en la rentabilización de crisis humanitarias que en ocasiones han sido claramente propiciadas por quienes acaban beneficiándose de las mismas. El tribunal con sede en La Haya ha utilizado hasta ahora una doble vara de medir los abusos planetarios y ha aceptado de manera pusilánime el desacato de algunos países poderosos cuyos gobiernos han sido denunciados por organizaciones humanitarias por la comisión de crímenes de guerra, entre otras iniquidades. Sólo hay que sobrevolar la invasión de Iraq, las continuas intervenciones militares en África, el apagón de libertades en la península arábiga o las represalias en la franja de Gaza para constatar que en el banquillo de la CPI faltan muchos presuntos delincuentes, todos ellos de postín. Por el contrario, se propaga a los cuatro vientos la vena justiciera del tribunal internacional cuando se trata de procesar a criminales de guerra cuyas atrocidades son convenientemente sobredimensionadas, y que pertenecen a países acogotados o chantajeados. Basta con repasar los nombres de las naciones donde realiza investigaciones activas (República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán, Uganda, Kenia y Libia), para constatar que el tribunal nació hipotecado. Habrá que lamentar la anorexia que pueda afectar a la CPI, si es que los recursos económicos flaquean. Pero de ahí a decretar un luto por su achicamiento, media un abismo. No se merece honras fúnebres un tribunal internacional que nunca ha tenido vocación de tal y que no ha levantado ni una sola vez la voz para denunciar los excesos de los grandes.