El dislate de la cobertura electoral
Es un auténtico disparate que la normativa española obligue a los medios de comunicación a informar de la actividad electoral en función de la representación de cada partido, desechando los criterios profesionales para calibrarla debidamente. Como bien dice la Fesp, equivale a confundir la información con la propaganda. También protestan los sindicatos, y con razón, ante la costumbre cada vez más extendida de convocar a ruedas de prensa en las que no se permite preguntar, con lo que el evento queda reducido a una simple comparecencia en la que sobran obviamente los periodistas. El hecho de que se sigan programando muestra a las claras el vasallaje que practican muchos colegas que no se atreven a plantar cara al abusivo anfitrión; prefieren apalancar para sus medios el boletín de turno, antes que ensayar la protesta y correr el riesgo de quedarse sin carnaza.
La campaña para las próximas elecciones municipales y autonómicas comienza mañana, con más amenazas y dificultades para el trabajo de los profesionales y para la libertad de información. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) denuncia que la última reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no sólo no ha resuelto el disparate que supone obligar a los medios audiovisuales públicos a informar de la actividad electoral según la representación de cada partido, y no con criterios profesionales, sino que lo ha extendido a los privados.
Al obligar a las televisiones a informar siguiendo criterios de «proporcionalidad», lo que hacen la ley y la Junta Electoral Central es impedir que los profesionales de la información puedan decidir qué es más importante para abrir un espacio informativo y, en definitiva, que no puedan desempeñar su trabajo correctamente y con independencia sino bajo directrices externas.
Con esta reforma, que pactaron PSOE y PP y apoyaron CiU y PNV, se ha legalizado la práctica de utilizar en los espacios informativos el mismo criterio que en los bloques electorales gratuitos de propaganda electoral, lo que supone confundir la información con la propaganda.
La FeSP viene reclamando desde hace años que se elimine este atentado a la libertad de información, lo mismo que han exigido muchos profesionales de los medios públicos y que también piden ahora los directores o propietarios de las televisiones privadas, cuando les afecta a ellos.
El PP, que negoció esa reforma con el PSOE, dice ahora que no va a exigir su aplicación a las cadenas privadas pero sí a las públicas. La patronal Uteca también defiende esta sorprendente distinción. Frente a esa actitud, la FeSP afirma que el ataque a la libertad de información que supone esta ley afecta a todos los medios, tanto públicos como privados, y constituye una intromisión partidista en un derecho constitucional y ciudadano fundamental que todos los profesionales debemos rechazar.
La FeSP muestra su apoyo a todas las acciones de protesta que lleven a cabo los profesionales, entre ellas la de no firmar las informaciones y explicar los motivos a los ciudadanos como han decidido en TV3, Catalunya Radio y distintas emisoras locales.
Con motivo del inicio de la campaña electoral, la FeSP también pide a todas las formaciones políticas que se comprometan a democratizar de una vez por todas los órganos de gestión y control de los medios públicos municipales y autonómicos, en la misma línea que se ha seguido en RTVE, para garantizar su independencia respecto de los gobiernos correspondientes. Sólo así se evitará que esos medios sea, como ocurre en muchos casos, el cortijo particular de alcaldes o presidentes de comunidades autónomas.
Además, la FeSP reitera el llamamiento que viene haciendo desde hace años para que los periodistas no cubran las ruedas de prensa en las que no les permiten preguntar, y a los directores de los medios para que no les envíen a esas convocatorias ni informen de su contenido. Si los directores se limitan a firmar escritos de protesta pero después ofrecen información, los amantes de esta forma de limitar la libertad de información seguirán con la misma práctica.
La campaña para las próximas elecciones municipales y autonómicas comienza mañana, con más amenazas y dificultades para el trabajo de los profesionales y para la libertad de información. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) denuncia que la última reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no sólo no ha resuelto el disparate que supone obligar a los medios audiovisuales públicos a informar de la actividad electoral según la representación de cada partido, y no con criterios profesionales, sino que lo ha extendido a los privados.
Al obligar a las televisiones a informar siguiendo criterios de «proporcionalidad», lo que hacen la ley y la Junta Electoral Central es impedir que los profesionales de la información puedan decidir qué es más importante para abrir un espacio informativo y, en definitiva, que no puedan desempeñar su trabajo correctamente y con independencia sino bajo directrices externas.
Con esta reforma, que pactaron PSOE y PP y apoyaron CiU y PNV, se ha legalizado la práctica de utilizar en los espacios informativos el mismo criterio que en los bloques electorales gratuitos de propaganda electoral, lo que supone confundir la información con la propaganda.
La FeSP viene reclamando desde hace años que se elimine este atentado a la libertad de información, lo mismo que han exigido muchos profesionales de los medios públicos y que también piden ahora los directores o propietarios de las televisiones privadas, cuando les afecta a ellos.
El PP, que negoció esa reforma con el PSOE, dice ahora que no va a exigir su aplicación a las cadenas privadas pero sí a las públicas. La patronal Uteca también defiende esta sorprendente distinción. Frente a esa actitud, la FeSP afirma que el ataque a la libertad de información que supone esta ley afecta a todos los medios, tanto públicos como privados, y constituye una intromisión partidista en un derecho constitucional y ciudadano fundamental que todos los profesionales debemos rechazar.
La FeSP muestra su apoyo a todas las acciones de protesta que lleven a cabo los profesionales, entre ellas la de no firmar las informaciones y explicar los motivos a los ciudadanos como han decidido en TV3, Catalunya Radio y distintas emisoras locales.
Con motivo del inicio de la campaña electoral, la FeSP también pide a todas las formaciones políticas que se comprometan a democratizar de una vez por todas los órganos de gestión y control de los medios públicos municipales y autonómicos, en la misma línea que se ha seguido en RTVE, para garantizar su independencia respecto de los gobiernos correspondientes. Sólo así se evitará que esos medios sea, como ocurre en muchos casos, el cortijo particular de alcaldes o presidentes de comunidades autónomas.
Además, la FeSP reitera el llamamiento que viene haciendo desde hace años para que los periodistas no cubran las ruedas de prensa en las que no les permiten preguntar, y a los directores de los medios para que no les envíen a esas convocatorias ni informen de su contenido. Si los directores se limitan a firmar escritos de protesta pero después ofrecen información, los amantes de esta forma de limitar la libertad de información seguirán con la misma práctica.
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