Cuba y Venezuela, maltratadas de nuevo

La muerte por huelga de hambre del disidente cubano Orlando Zapata y el auto de un juez de la Audiencia Nacional denunciando la supuesta connivencia del Gobierno venezolano con ETA y las FARC, han vuelto a servir de excusa a lo más granado de la derecha española y a una parte de la izquierda orgánica para arremeter sin ningún tipo de reserva contra los regímenes de ambos países latinoamericanos. Y, por supuesto, para demandar democracias varias en aquellos lares. En el caso cubano, creo que deben ser los isleños y únicamente ellos los que decidan qué rumbo tomar en aguas tan procelosas como las que nos envuelven. Y a los que reclaman libertades formales en Cuba, sin entrar en honduras ni hemerotecas, habría que decirles que difícilmente se le puede exigir a un país acogotado desde hace varias décadas por un bloqueo tan ilegal como inmoral, que baje la guardia y pliegue todos los paraguas que le han permitido precisamente salvaguardar su dignidad frente a una megapotencia que no ha escatimado un solo dólar a la hora de financiar embestidas y conspiraciones en la mayor de las Antillas. Mientras el bloqueo no se levante, Cuba tiene todo el derecho del mundo a salvaguardar su soberanía y su integridad territorial mediante fórmulas que responden, simple y llanamente, al estado de emergencia nacional en el que se encuentra desde que se decretó su feroz aislamiento a despecho de las más elementales normas de la convivencia internacional. Pedir democracia en Cuba sin exigir el cese previo del bloqueo que desnaturalizó la revolución casi desde sus orígenes, que ha contribuido a la precariedad social y que mantiene en pie de guerra al país, constituye un acto de desvergüenza. Obviamente, este reclamo encaja con el perfil de los que demandan a cada rato a los países emergentes, y también a los hundidos, que se sumen al gran jolgorio montado por los neoliberales, que participen del festín comercial, que jueguen con entusiasmo al rugby financiero, pero en una cancha enana y con las reglas del waterpolo. Caben las críticas al régimen cubano, por descontado; pero lo que no caben son los dobles raseros, fabricados con dolo, convenientemente engrasados. Sobre el auto del juez de la Audiencia Nacional apuntando la complicidad entre Caracas, ETA y las FARC, sólo cabe precisar que las acusaciones están basadas en los testimonios de tres colombianos que aseguran ser ex guerrilleros y a los que avala el Gobierno de Bogotá, enemistado con el de Hugo Chávez y al que ha intentado vilipendiar de manera reiterada. El juez de la Audiencia retoma también para sustentar sus tesis algunos de los archivos del ordenador que pertenecía presuntamente al ex jefe de las FARC, Raúl Reyes, que murió como consecuencia de la operación militar colombiana llevada a cabo en la frontera con Ecuador hace ya dos años. El contenido de la máquina, antes de que se conociera su existencia, fue debidamente destripado y manipulado por las fuerzas de seguridad colombianas, por lo que su fiabilidad judicial está bajo mínimos. Desde luego, el juez aprovecha la participación de un antiguo miembro de ETA en el Gobierno de Chávez, exiliado allá mediante acuerdo hispano-venezolano, para sustentar sus hipótesis. No hace falta ser un ilustrado para colegir que difícilmente se pueden aportar pruebas fehacientes desde un despacho de Madrid que demuestren la connivencia entre el Gobierno de Chávez y ETA, utilizando para ello un puñado de testimonios parciales y unos cuantos archivos más que manoseados. Si el Ministerio español del Interior tuviera constancia de esos vínculos, hace mucho tiempo que los hubiera aireado. Si no lo ha hecho es, sencillamente, porque los indicios no existen o son demasiado endebles. Por lo mismo, es un acto de irresponsabilidad supina exigir al Gobierno español que pida explicaciones a Caracas sobre su presunta relación con ETA en función de un auto facturado para la ocasión, que no es otra que la de desacreditar al Presidente Chávez, varias veces elegido democráticamente (conviene recordarlo), mediante la exhibición de sus más perversas conexiones. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de las críticas furibundas de los de siempre, actuó comedidamente. Estableció contacto con Caracas y sentó una colaboración bilateral, igualitaria, para esclarecer los hechos. España es un país repleto de desatinos judiciales; y de ahí que los políticos serios estén doblemente obligados a no apresurarse cuando se filtran autos tan canijos como el que nos ocupa.