Las sobradas razones de AI
No le falta razón a Amnistía Internacional (AI) cuando solicita al Estado español que garantice una investigación judicial efectiva e imparcial de las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, después de que el Juez Baltasar Garzón, en un ejercicio funambulesco, haya renunciado a investigar los hechos cuando apenas hacía un mes que se había apropiado de la causa generando idéntico revuelo.
En su manifiesto “Para pasar página, primero hay que leerla”, la organización humanitaria insta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a proteger los derechos de las víctimas sin más demoras, tal como establece la normativa internacional.
“España tiene el deber y está en sus manos poner fin a la prolongada injusticia a la que se ha sometido a las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en las que se produjeron estos crímenes atroces”, asegura la organización humanitaria luego de criticar la falta de voluntad de las autoridades españolas para investigar estos abusos de los que fueron víctimas directas más de 100 mil personas que, en su mayoría, fueron ejecutadas o desaparecieron sin dejar rastro. Hablamos de los represaliados del régimen republicano que sucumbió en 1939 tras la sublevación militar y civil en contra de un Gobierno democrático, legalmente constituido.
AI también advierte que si el Estado español desprecia los derechos de las víctimas y aplica la lógica del olvido a los desaparecidos, se ubicará al margen de la legalidad internacionalmente establecida. Hasta ahora, el Gobierno socialista ha preferido quedar bien con dios y con el diablo por lo que aprobó una descafeinada ley de memoria histórica que, entre otras trabas administrativas, deposita en las víctimas de los desaparecidos el grueso de la responsabilidad a la hora de localizar su paradero y exhumarlos.
Es evidente que hay que devolver la dignidad, con mayúsculas, a quienes la perdieron por defender las libertades y una sociedad más justa que la que existía en España hasta 1936. Y que hay que esclarecer las circunstancias en las que se produjo su muerte. Pero más allá de la batalla por la recuperación de la memoria y una verdadera reconciliación, sorprende y mucho que los Tribunales españoles se hayan empleado a fondo para investigar y perseguir los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en los apagones de allende el Atlántico (Argentina y Chile) y se muestren tan reacios a investigar tropelías similares ocurridas en nuestro propio país.
En su manifiesto “Para pasar página, primero hay que leerla”, la organización humanitaria insta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a proteger los derechos de las víctimas sin más demoras, tal como establece la normativa internacional.
“España tiene el deber y está en sus manos poner fin a la prolongada injusticia a la que se ha sometido a las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en las que se produjeron estos crímenes atroces”, asegura la organización humanitaria luego de criticar la falta de voluntad de las autoridades españolas para investigar estos abusos de los que fueron víctimas directas más de 100 mil personas que, en su mayoría, fueron ejecutadas o desaparecieron sin dejar rastro. Hablamos de los represaliados del régimen republicano que sucumbió en 1939 tras la sublevación militar y civil en contra de un Gobierno democrático, legalmente constituido.
AI también advierte que si el Estado español desprecia los derechos de las víctimas y aplica la lógica del olvido a los desaparecidos, se ubicará al margen de la legalidad internacionalmente establecida. Hasta ahora, el Gobierno socialista ha preferido quedar bien con dios y con el diablo por lo que aprobó una descafeinada ley de memoria histórica que, entre otras trabas administrativas, deposita en las víctimas de los desaparecidos el grueso de la responsabilidad a la hora de localizar su paradero y exhumarlos.
Es evidente que hay que devolver la dignidad, con mayúsculas, a quienes la perdieron por defender las libertades y una sociedad más justa que la que existía en España hasta 1936. Y que hay que esclarecer las circunstancias en las que se produjo su muerte. Pero más allá de la batalla por la recuperación de la memoria y una verdadera reconciliación, sorprende y mucho que los Tribunales españoles se hayan empleado a fondo para investigar y perseguir los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en los apagones de allende el Atlántico (Argentina y Chile) y se muestren tan reacios a investigar tropelías similares ocurridas en nuestro propio país.
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