El problema de Venezuela no se llama Chávez

Las reformas de rango constitucional que están siendo instrumentadas en Venezuela, han vuelto a reavivar la crítica de la oposición y de buena parte del aparato mediático mundial que observan en estas medidas el último intento del presidente Hugo Chávez de perpetuarse en el poder cerrando cada vez más los grifos de la democracia. Incluso se ha lanzado la advertencia de que el régimen de Caracas se encamina abiertamente hacia un sistema de corte totalitario.
Puede que los hechos perfilen un escenario preocupante a medio y largo plazo; pero en ningún caso avalan ese pronóstico catastrofista que se viene cerniendo sobre Venezuela desde el mismo día que Chávez puso un pie en el palacio de Miraflores. En cualquier caso, las sucesivas operaciones de acoso y derribo a las que ha sido sometido el Presidente venezolano, también tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de situar en su adecuada dimensión al proceso político experimentado por el país sudamericano y cuya desnaturalización, en primera y última instancia, habrá que atribuirla también a todos los que se han empeñado en celebrar los funerales de Chávez, sin reparar en gastos ni energías, desde que fue investido presidente. Junto a una oposición que ha rechazado una y otra vez el veredicto democrático de las urnas, que ha alentado golpes de Estado, que ha convertido a buena parte de los medios de comunicación en piezas de artillería y donde la mayoría de los líderes han asumido el papel de víctimas luego de haber contribuido, antes de la llegada de Chávez, al descrédito de la política partidaria con sus abusos y corruptelas, Estados Unidos y sus más cercanos aliados han apostado también desde el inicio de esta aventura por la criminalización del mandatario venezolano, exagerando sus errores, distorsionando su discurso, diagnosticándole patologías totalitarias y pintándole en definitiva como al dictador sin escrúpulos que contribuye a la desestabilización de la región. Ergo, cualquier alternativa (incluso armada) es bienvenida si el pueblo venezolano consigue quitarse de encima a semejante tirano.
De esta grosera y alevosa lectura de la realidad venezolana participan en mayor o menor medida muchas de las plumas que cuentan con crédito internacional y que, lejos de indagar en lo que está ocurriendo en el país sudamericano, prefieren sumarse al linchamiento sin que medie proceso documental alguno. Sencillamente, no hay interés por profundizar en el temario.
Si las reformas constitucionales en curso no están siendo sometidas a la lupa de la oposición es porque el grueso de los adversarios del régimen ha decidido autoexcluirse del proceso, inhibirse de cualquier discusión, tras constatar que Chávez, con todas sus carencias y todos sus excesos, que los tiene, se anticipa como un rival imbatible en las urnas.
Ninguna de las reformas a la Carta Magna, que deberán ser aprobadas en referendo, atenta contra los valores democráticos. Ni el reordenamiento territorial, ni la reducción de la jornada laboral, ni el reconocimiento de la seguridad social para los trabajadores informales, ni la creación de asambleas populares compatibles con los poderes institucionales, ni siquiera la pérdida de autonomía del Banco Central que, en cualquier caso, supondrá un varapalo para el libérrimo mercado que proponen algunos, pero no un obstáculo para el ejercicio cotidiano de la democracia.
La reelección presidencial continua por sufragio universal es otra de las grandes reformas que se avizoran en Venezuela y que se halla vigente desde hace muchos años en países europeos considerados como baluartes de la democracia. En ningún momento se plantea la reelección vitalicia, como se ha denunciado con insistencia desde algunas trincheras opositoras. Por lo demás, y al contrario también de lo que se ha publicitado, la reforma constitucional garantiza el pluralismo político y el respeto a la propiedad privada. Son muchos los venezolanos implicados en la discusión de estas reformas, incluido un sector minoritario de la oposición. Y, en definitiva, serán los ciudadanos de ese país sudamericano los que tendrán que sancionarlas mediante plebiscito democrático tal como establece el artículo 344 de la Carta Magna.
Hubiera sido mucho mejor para todos que el debate sobre estas reformas hubiera nacido libre de prejuicios, y no contaminado por los grandes intereses políticos, financieros y mediáticos. Lamentablemente, los posicionamientos de uno y otro bando son cada vez más inamovibles. Y es esta polarización la que hay que intentar desactivar con carretadas de buenos análisis y mejores juicios, dentro y fuera del país. Responsabilizar a Chávez de todos los males que aquejan a Venezuela, adjudicándole en exclusiva cuanto futuro tenebroso se vislumbra, es mucho más que una simple pataleta. Hablamos de un retrato hecho por encargo, con las pinceladas medidas, cargado de intencionalidad.
(Publicado en Safe Democracy)

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