El derecho a la autodeterminación

Nunca he estado de acuerdo con la Ley de Partidos por la que se ilegalizó a Batasuna porque creo que la justicia, cuando se cometen ilícitos, debe actuar contra los individuos y no contra las instituciones. Creo también que el conflicto del País Vasco es fundamentalmente político, aunque haya estado acompañado de acciones terroristas siempre y cuando diferenciemos a la ETA de los años sesenta que luchaba con todos los medios a su alcance, incluidas las armas, contra un régimen dictatorial que reprimía sin cuartel cualquier brote de disidencia, de la ETA que en la etapa democrática y cuestionada por muchos de los suyos ha seguido utilizando la violencia para alcanzar sus objetivos, entre ellos la independencia de Euskadi previa reunificación de las siete provincias vascas que el mundo abertzale reivindica como tales y que se ubican en territorio español y francés. Y digo que el conflicto es esencialmente político porque una porción muy significativa de la ciudadanía vasca que se siente representada por los partidos nacionalistas, moderados y radicales, además de Izquierda Unida-Esker Batua, reclaman mayores cotas de autonomía y defienden también el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco desde la plena legalidad. Batasuna, castigada por negarse a renunciar explícitamente a la violencia, aglutina decenas de miles de votos que no pueden ser ninguneados por las leyes. La exclusión electoral de los abertzales y la criminalización de medios de comunicación como el desaparecido Egin o la revista Egunkaria por unos presuntos vínculos con ETA que se han quedado en objeto de sospecha ya que ha sido imposible certificar la gravedad de los mismos en sede judicial, sólo pueden generar mayor crispación en el ya de por sí convulso escenario vasco, además del confinamiento de un importante sector de la ciudadanía de Euskadi. La reconfiguración del mapa español sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la transición. El café para todos que permitió establecer por decreto autonomías incluso en regiones que nunca habían proclamado sus particularidades, logró aminorar la velocidad con la que al menos dos nacionalidades históricas (País Vasco y Cataluña) se dirigían hacia sus respectivas estaciones terminales, pero no consiguió que vascos y catalanes se sintieran realizados con aquella descentralización generalizada que tuvo mucho de artificio y de chapuza. Tanto unos como otros, aunque con planteamientos distintos, resucitan con frecuencia el fantasma de la independencia, sabedores de que cuentan con el aval suficiente para comparecer sin complejos ante las urnas. ¿Por qué el miedo a debatir abiertamente el derecho a la autodeterminación de vascos y catalanes? ¿Por qué las resistencias a cambiar las reglas del juego mediante un consenso incluyente y permitir que ambos pueblos decidan libremente su futuro? Obviamente, puestos en la tesitura, no bastaría con una mayoría simple para encarrilar la independencia, en el supuesto de que en el referendo se apostara por esta opción. Hay candados de sobra para evitar los abusos de las estadísticas, las fracturas sociales, cualquier imposición minoritaria. Por ejemplo, los porcentajes parlamentarios de dos tercios que se necesitarían para ratificar los resultados de una consulta popular que también habría que detallarla al milímetro para ser tenida en cuenta, tanto en lo que se refiere a los índices de participación como a las proporciones del desenlace electoral. Observar el derecho a la autodeterminación como si fuera un anatema es uno de los tantos síntomas que revelan la inmadurez de nuestra democracia, que prefiere proclamar la unidad sacrosanta del territorio antes que solventar las diferencias y las contradicciones históricas de un colectivo que en quinientos años de viaje en común ha sumado muchos más errores, garrafales algunos de ellos, que aciertos. El sentimiento de pertenencia al colectivo es indispensable para garantizar una convivencia medianamente exitosa en cualquier condominio. Hay por estos lares muchos ciudadanos que tienen pasaporte español, pero que no se sienten identificados con España ni con su simbología, que no les mueve ni la bandera rojigualda ni el himno de granaderos, por no hablar del régimen monárquico que también incomoda. Este extrañamiento consciente y voluntario debería ser cuantificado sin más tardanza. Y, llegado el caso, dirimido en las urnas.