Una medida tan legal como humanitaria

La concesión del segundo grado penitenciario al etarra Iñaki Juana Chaos ha vuelto a soliviantar los ánimos del principal partido de la oposición que intenta de nuevo deslegitimar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero por haberse puesto de hinojos una vez más ante el grupo terrorista. En las manifestaciones, alimentadas sobre todo por la extrema derecha, manifiesta o latente que tanto monta, se están profiriendo todo tipo de insultos contra el Jefe del Ejecutivo al que se le considera no sólo rehén de ETA y de su entorno, sino responsable de todos los males que aquejan al país, desde el desmembramiento de España hasta el estrangulamiento de la Iglesia, pasando por la anorexia en la que se encuentra nuestra política exterior. Frente al bulo sistemático y megafónico es difícil hacerse oír, sobre todo porque la parte que está explotando el victimismo hasta la saciedad se niega sencillamente a escuchar cualquier melodía que no sea la que interpretan los suyos a cada rato a golpe de charanga y pandereta. Personalmente, estoy de acuerdo con la medida de gracia. Y lo estoy porque considero excesiva, muy excesiva, la condena a doce años de cárcel que se le impuso en primera instancia a Juana Chaos por escribir dos artículos amenazadores en el diario Gara. Ciertamente, hay en esos textos párrafos punibles; pero en ningún caso ameritan un castigo tan abultado. Y de ahí la posterior rectificación de los tribunales superiores. Nos guste o no, Juana Chaos cumplió la condena por los 25 asesinatos que cometió; y lo hizo conforme a la legislación. Fue la segunda condena la que motivó el inicio de la huelga de hambre que puso en peligro su vida y, por lo tanto, es en esta última coyuntura donde debemos situar el debate. También estoy de acuerdo con la explicación que ofreció el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba cuando subrayó que la concesión de la prisión atenuada, siendo una medida controvertida, obedecía a razones legales y humanitarias. El Estado tiene la obligación de velar por la integridad física de sus ciudadanos; y los presos, incluso los más abominables, pertenecen a esta categoría. No es la primera vez que ocurre; también durante los Gobiernos del PP se otorgaron prisiones atenuadas a etarras que se hallaban en condiciones críticas, aunque la derecha siga despreciando las hemerotecas con tal de que no se le caiga el sombrajo. De no mediar el segundo grado en el caso de Juana Chaos, la única alternativa que quedaba era la de dejarle morir, una posibilidad que a tenor del profundo disgusto que cunde en la derecha habría satisfecho a las decenas de miles de buenos católicos que militan en el PP y que son los mismos que se oponen con uñas y dientes a la legalización del aborto de tanto apego que le tienen a la vida en general, aunque tenga el tamaño de un espermatozoide. Las víctimas del terrorismo, con el talibán Francisco José Alcaraz a la cabeza, están ocupando un espacio que sencillamente no les corresponde. La autoridad moral que distingue a las víctimas no las faculta para intervenir en la política nacional como colectivo beligerante. Y mucho menos para denigrar, difamar y acosar al Gobierno socialista. Una vez más, la derecha se ha quedado sola en su última pataleta. Condena el crimen y compadece al delincuente, escribió una de nuestras más ilustres penalistas. Y es una buena receta contra los linchamientos que alcanzan su mayor expresión institucional en la pena de muerte, y también contra ese instinto revanchista que no desemboca en el paredón pero que nos lo recuerda constantemente.