Sentencias desmedidas, democracia menguante...

La condena a tres años y medio de cárcel al rapero José Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, es un despropósito judicial que se alimenta de la cultura autoritaria que sobrevive en la España democrática como consecuencia de una historia repleta de apagones y unas clases dirigentes especializadas en la exclusión social y el engreimiento.

El Tribunal Supremo rechazó los argumentos del rapero mallorquín, que aludió a la libertad de expresión y a la creación artística para justificar sus mensajes, y subrayó que su lenguaje es extremo y provocador.

Más allá de que las letras de las canciones objeto de sanción sean de mal gusto, irreverentes o incluso amenazantes, el hecho objetivo es que responden al ejercicio de una actividad artística que debería estar amparada por la máxima libertad de expresión, lo que implica una actuación judicial en consonancia si es que se traspasan los límites admisibles.

El gobernante Partido Popular (PP) ha aprobado en los últimos años leyes coercitivas de algunos derechos ciudadanos fundamentales que han sido cuestionadas por organizaciones humanitarias; y también ha endurecido el código penal como consecuencia del populismo punitivo que parece guiar muchas de las acciones de la derecha española, que sigue codeándose con las más reaccionarias de Europa en vez de procurar salir de las cavernas.

Más allá de cuál sea el desenlace judicial, resultan más que inquietantes las sentencias que restringen la libertad de expresión y manifestación de ciudadanos comunes, mientras los mismos tribunales actúan con sospechosa benevolencia cuando se trata de castigar a los poderosos por faltas mucho más graves.

El de Valtonyc no es un caso aislado, ya que son demasiado frecuentes las penalizaciones excesivas a artistas y ciudadanos en general por traspasar las fronteras de la libertad de expresión que la derecha española está trazando a su antojo, con la aprobación de leyes retrógradas y convenientemente arropada por un poder judicial mayoritariamente conservador.

En los últimos días se ha procedido al secuestro del libro "Fariñas", tras la denuncia de un exalcalde, y también se ha retirado un friso de la feria de arte internacional de Madrid (Arco), con el que el artista Santiago Sierra buscó retratar a 24 presos políticos españoles, entre ellos algunos de los catalanes independentistas que han sido imputados y encarcelados por su participación en el proceso separatista tachado de ilegal. En ambos casos, las autoridades han optado por la censura para atajar lecturas incómodas. Sin el menor complejo.

Asistimos sin duda a una regresión de las libertades civiles en España, activada por impulsos autoritarios que no sólo anidan en el PP, sino en un amplio sector de la sociedad que no tolera las salidas del redil ni las versiones que nacen descarriadas.

La defensa de Valtonyc anunció que recurrirá el fallo del Tribunal Supremo ante el Constitucional porque considera que es una auténtica aberración.

La polémica sentencia, si la avala el Constitucional, acabará probablemente en el Tribunal de Estrasburgo, encargado de velar por los derechos humanos en Europa. Y también es muy posible que esta dependencia judicial repruebe una condena a todas luces desmedida, lo que supondría un nuevo varapalo a las autoridades españolas que ya han sido reprendidas en varias ocasiones a nivel internacional por descuidar algunas libertades básicas.



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